DEFENSOR�A DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO DE OAXACA Fecha y hora de impresi�n: 09-08-2020 | 11:56:47 horas

Pide Defensor�a garantizar seguridad en Cuilapam Bolet�n 085 | 2019-05-31 � El �rgano aut�nomo requiri� la intervenci�n de Secretar�a de Seguridad P�blica y a la Fiscal�a para que investigue los delitos que pudieran haberse cometido La Defensor�a de los Derechos Humano del Pueblo de Oaxaca solicit� a la Secretar�a de Seguridad P�blica garantizar la integridad f�sica de la poblaci�n y la paz social en terrenos de Cuilapam de Guerrero, luego de que se registrar� un hecho violento. El organismo defensor inici� el cuaderno de antecedentes DDHPO/CA/303/(01)/OAX/2019, tras la informaci�n difundida por diversos medios sobre una agresi�n armada en los parajes conocidos como San Juan de Dios, El Mortero y Derrumbadero, pertenecientes a Cuilapam de Guerrero ocurrido la ma�ana de este 31 de mayo. La instituci�n aut�noma pidi� a la Secretar�a de Seguridad P�blica la adopci�n de una medida cautelar para que elementos de la Polic�a Estatal brinden seguridad en la zona con el objetivo de salvaguardar la integridad de los transe�ntes y vecinos del lugar. As� tambi�n, solicit� a la Fiscal�a General del Estado que inicie las investigaciones correspondientes ante la posible comisi�n de delitos, adem�s que en las carpetas de investigaci�n se dicten medidas de protecci�n a favor de las personas afectadas y se les reconozca su calidad de v�ctimas. La Defensor�a insisti� en que la justicia y la seguridad humana son conceptos inseparables de los derechos humanos, porque para poder ejercerlos plenamente es necesario que el Estado cuente con instituciones fuertes que puedan garantizar su acceso y protejan la dignidad de las personas. El �rgano aut�nomo resalt� que es obligaci�n indeclinable del Estado garantizar la seguridad p�blica, lo que implica el combate y prevenci�n de la violencia social, ya que �sta genera violaciones a derechos humanos, tales como el derecho a la vida, la integridad personal, la libertad y la propiedad. Por ello, el Estado debe contar con pol�ticas p�blicas de seguridad que prevengan la violencia, pero desde un enfoque en el que se priorice la protecci�n a la dignidad humana, adem�s que ayuden a resolver las causas de la inseguridad y la violencia, como por ejemplo la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades de desarrollo.